Ley de Medidas Urgentes de Energía de Aragón: Una ley al servicio de algunas energéticas

publicado en: Nota de prensa | 0

La Ley de medidas urgentes de energía en Aragón se ha tramitado apelando a la oportunidad que la energía genera para los aragoneses, cuando la realidad es que solo beneficia a algunas empresas, que ni siquiera son aragonesas, a grandes multinacionales o a fondos de inversión.

A criterio de la Plataforma 13 de Marzo, que apoya la introducción de las Energías Renovables en el tejido industrial existente, la nueva ley se orienta claramente a facilitar un exclusivo “autoconsumo industrial” o, dicho de otra manera, a posibilitar la conexión de centrales eólicas y fotovoltaicas ubicadas en Aragón con grandes empresas electrointensivas, como son los centros de datos, las gigafactoría de baterías u otras industrias (como el hidrógeno mal llamado verde), que puedan ir surgiendo.

Resulta paradójico que en el apoyo y la facilitación de la evacuación de la energía con líneas directas se fundamente el progreso y que esto se presente como un avance, cuando se está poniendo el territorio de Aragón y sus valores en manos de especuladores y fondos extranjeros que se van a llevar el valor añadido a otras regiones o a otros países. Para más escarnio, se presenta esta hipoteca del territorio y el expolio de sus valores naturales como la mejor defensa de un aragonesismo más que discutible.

La ley aprobada tiene varios apartados y, si bien, para esta plataforma, el que hace referencia al autoconsumo particular o a las comunidades energéticas va en la dirección del modelo de transición energética por el que se apuesta, no por ello hay que dejar de resaltar que la ley se queda muy corta al no regular criterios y derechos para facilitar la implantación pues, de hecho, lo hace a partir de criterios demasiado genéricos, sin resolver las dificultades reales de conexión a las redes de distribución y la eliminación de las trabas que se están poniendo para ello.

Pero el apartado que resulta un auténtico coladero es el capítulo IV y todo el desarrollo que hace de lo que denomina líneas directas. La plataforma considera que esta demanda es en realidad una imposición de las empresas desarrolladoras de proyectos que buscan dar salida a todos aquellas instalaciones que se han quedado sin posibilidad de evacuación. De esta forma se facilitará la comercialización de los megavatios que se llegarán a producir en las mismas que, de otra forma, se quedarían sin construir.

Esto no es algo inventado por nuestra plataforma: cierta empresa ya lo anunciaba en la prensa en los días previos a la tramitación de la ley, ofreciéndolo como la salida a las centrales que se habían quedado sin conexión por la oposición de la Generalitat a las mal llamadas líneas de evacuación, que, en realidad, pretendían constituir una red de transporte eléctrico privada.

Una ley tramitada con urgencia, sin la participación de los colectivos afectados, sin posibilidad de debatir las más de 300 enmiendas presentadas y con la premura de tiempo con la que se ha presentado, da idea de la falta de voluntad para buscar una implantación de las renovables justa, equitativa y acorde con el territorio.

Esta ley no se debería haber presentado ni aprobado antes de tener el Plan Energético de Aragón, que se está debatiendo públicamente estos días, ni tampoco antes de contar con una Ley del Paisaje, como se anunció en la investidura de este gobierno. De esta forma estas otras normas legales quedarán condicionadas y sometidas a una ley con tintes poco democráticos: las prisas para favorecer a algunas empresas han pesado más que el sentido común.

De hecho, esta ley es gemela de la Ley 1/2023, presentada en última estancia por el gobierno anterior y que fue rechazada por el Tribunal Constitucional por sus formas y por invadir competencias estatales.

Por el bien del sector energético y del cumplimiento de la legalidad, es esperable y deseable que vuelva a ocurrir lo mismo pues, en cualquier caso, trabajar al servicio de intereses particulares es mal camino.

La Plataforma 13 de Marzo va a seguir proponiendo un modelo energético vinculado a la ciudadanía, democrático, basado en el autoconsumo, al servicio del tejido productivo de cercanía y en comunidades energéticas. Y consideramos que las distintas administraciones y gobiernos, que deben estar al servicio de los ciudadanos, no deberían nunca facilitar la especulación con un bien básico, que constituye un derecho humano.

Plataforma 13 de Marzo

Aragón por la racionalidad energética