La Plataforma 13M. “Aragón por la Racionalidad Energética” convoca a la ciudadanía a una concentración a las puertas de la sede de Forestalia en Coso nº 33 a las 11:00h del día 23 de diciembre.
Las actuaciones de la Unidad Central Operativa en el llamado “caso Leyre” que ha provocado detenciones relevantes en entornos políticos y de empresas públicas estatales, ha supuesto la investigación de la actividad empresarial de Forestalia.
Esta plataforma considera que Forestalia es actor principal en lo que se ha dado en llamar “burbuja renovable” en Aragón. Es difícil estar de acuerdo con las practicas de esta empresa, que ha copado la mayoría de las tramitaciones de parques eólicos y fotovoltaicos de la comunidad, tras haber tejido un intrincado entramado de empresas que configuran un proceso especulador que aleja la producción de energía de la idea de servicio público que debería ser objetivo primordial
Las sospechas que se venían comentando en esta Plataforma desde hace años, basadas en actuaciones poco claras, se han puesto de manifiesto estos días al declarar funcionarios del MITERD que las Evaluaciones ambientales se externalizaban, en el mejor de los casos, o eran redactadas por la propia empresa. Cualquiera de las dos opciones esta fuera de la legalidad, pues la ley de administraciones públicas determina que sea un funcionario quien tramite las resoluciones que otorgan los permisos para llevar a cabo este tipo de proyectos.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es el primer y, probablemente, el más importante trámite para la viabilidad de un proyecto. De no superarla, automáticamente el proyecto quedaría paralizado mientras que su obtención agiliza el resto de permisos y es muy raro que no culmine su tramitación favorablemente. De ahí el interés de Forestalia en alcanzar la obtención de las DIAs sin reparar en la ilegalidad de sus prácticas.
Por otro lado, la denunciada ausencia de una verdadera ordenación territorial por parte de la administración autónoma, favorece que Aragón vaya camino de convertirse en la fuente de energía de la industria europea mientras es condenado a ser un territorio de servicios en beneficio de un mercado globalizado que elude cualquier medida de regulación.
En este estado de cosas, la Plataforma 13M pondrá a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado cuanta documentación obra en su poder respecto a los procesos tramitados en el ejercicio de su reivindicación social. De igual modo va a usar los cauces y recursos necesarios para solicitar la suspensión de todos los proyectos supuestamente aprobados de forma fraudulenta hasta su resolución en sede judicial y, de demostrarse lo declarado por los funcionarios, pedirá la inhabilitación de la empresa y el rechazo de todos los parques tramitados.
Dado el interés mediático suscitado por este procedimiento y en la línea de colaboración de que ha hecho gala esta Plataforma, quedamos a su disposición para la consulta de cualquier información que pueda completar esta nota.
