El gobierno de Aragón pretende cobrar a la población de Zaragoza un nuevo impuesto sobre la contaminación de las aguas (ICA), a partir de los consumos que realizamos en viviendas y locales. Sin embargo, ya estamos pagando la depuración de nuestras aguas residuales al Ayuntamiento de Zaragoza desde el año 1993, por lo que este tributo supone pagar dos veces por el mismo servicio.
Las cantidades que se pretenden recaudar en Zaragoza se necesitan para cubrir los enormes costes que suponen la construcción y la explotación de las depuradoras que el Gobierno de Aragón ha licitado en los últimos 15 años para tratar las aguas del 22% de la población de Aragón, según lo previsto en el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.
Una reciente auditoría de la Cámara de Cuentas de Aragón, confirma que ese Plan soporta una serie de deficiencias que han provocado que el coste de depuración en Aragón prácticamente duplique la media española y, por tanto, que el esfuerzo impositivo que se exige a la población aragonesa sea mucho mayor de lo que soportan en comunidades similares.
Entre esas deficiencias destacan el uso de tecnologías de depuración muy costosas en instalaciones sobredimensionadas, que no alcanzan a depurar ni la cuarta parte de los caudales para los que fueron diseñadas, y para cuya construcción no se tuvo en cuenta la capacidad recaudatoria del ICA en las poblaciones a las que prestan servicio. Así, la recaudación del ICA en la mayoría de las 11 zonas de depuración en que se estructura el Plan no supera el 30% de los costes de construcción y explotación, generando un enorme déficit que se pretende compensar a costa de todos los aragoneses con la recaudación del ICA.
Otro grave error del Plan ha sido gestionarlo a través de modelos de concesión de obra pública con contratos a 20 años, que multiplican hasta por 2,5 el coste de construcción respecto a las depuradoras construidas directamente, sin ningún estímulo para mejorar la eficiencia y reducir los costes del sistema.
Con estos antecedentes, la Cámara de Cuentas estima que el Plan gastará 3.209 millones de euros en el periodo 2014-2045, y para recaudar esas cantidades las tarifas deberán crecer a un ritmo de un 3,7% anual, lo que supone que en Zaragoza se recauden casi 543 millones de euros en los próximos 32 años. Es decir, 17 millones de euros al año, o lo que es lo mismo, 24 euros por habitante y año.
A pesar de su nombre, el ICA no es un impuesto (no se cobra en función de la capacidad económica personal), sino una tasa por la prestación de servicios de saneamiento y depuración, por lo que no debería aplicarse en poblaciones como Zaragoza donde se depuran los vertidos desde hace muchos años. Tampoco es “ambiental”, porque su tarifa no favorece el ahorro de agua, aplica bonificaciones sin tener en cuenta la carga contaminante y exime a actividades de contaminación difusa. Es decir, tiene un mero afán recaudatorio.
Ante esta situación, la Red de Agua Pública de Aragón nos oponemos tajantemente a que se aplique en Zaragoza y en Aragón un impuesto cuya tarifa va ser cada año mayor que el anterior para sufragar un Plan desproporcionado e ineficiente que debería revisarse antes de exigir más esfuerzo a la población. Por eso animamos a todos los zaragozanos/as a presentar un recurso de reposición contra el recibo que el Instituto Aragonés del Agua nos envíe utilizando el modelo que todas las entidades que apoyan la campaña ponen a su disposición. Es una acción gratuita, amparada por la Ley General Tributaria y asegura que, si el recurso es finalmente estimado por la autoridad competente, todos los reclamantes podrían tener derecho a que se le devolvieran las cantidades pagadas.
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