Concentración ciudadana convocada por la RAPA

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Cerca de mil personas, que portaban telas azules simulando ríos, asistieron el pasado 26 de marzo a la concentración ciudadana convocada por la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) en la plaza del Pilar para pedir una gestión pública de este bien y protestar contra el Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA) del Gobierno autonómico.
Con este objetivo, 24 alcaldes de hasta seis partidos políticos distintos venidos de municipios de las tres provincias aragonesas, firmaron un manifiesto en el que piden que las Cortes reformen «sin demora» la Ley de Aguas y Ríos de Aragón y denuncian el proceso de privatización de este bien público en la comunidad, así como las presiones a las que fueron sometidos para ceder las competencias de saneamiento. A través de esta política tienen que pagar altos cánones de vertido por no depurar porque los fondos procedentes de Madrid para la creación de estos sistemas se desviaron desde la DGA para otras obras y nunca llegaron.
Los ciclistas que acompañaron a la caravana por el agua pública, que ha transitado por el territorio aragonés durante 16 días, advirtieron que la sociedad aragonesa «está enfadada por el ICA y considera que se actuó sin contar con los ayuntamientos». Por ello pidieron el «derecho a decidir para recuperar el poder municipal» y añadieron que «no es cuestión de partidos, sino de dignidad».
Además de la lectura del manifiesto, en el que también demandaron la creación de una comisión de gestión parlamentaria sobre el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración (PASD), varios alcaldes quisieron expresar su opinión y la situación de sus municipios. «Los pueblos del Pirineo tenemos un sistema singular, ya que pagamos el canon de depuración, el ICA, y ahora multa por no tener depuradoras. Pagamos servicios que no tenemos», denunció el alcalde de Canfranc, el socialista Fernando Sánchez.
Otros abogaron por defender el agua como bien, como la alcaldesa de Murillo de Gállego, la podemista Marta Santos, que demandó «que nadie haga negocio con el agua que cae del cielo», o la edil de Andorra de IU, Sofía Ciércoles, que afirmó que «el agua es un derecho primario que no nos pueden robar».
Por su parte, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, anunció que «el problema del ICA en la ciudad está recurrido al Tribunal Constitucional», mientras que el edil de Pastriz, Miguel Guiu, sentenció «ahora somos 24 ayuntamientos pero seremos más y haremos que la gestión del agua sea transparente como el agua de nuestros ríos».

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